El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, confirmó esta mañana que la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) envió dos notificaciones a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que establecen sanciones contra la compañía por unos 36 millones de pesos. Una medida similar recayó hace dos semanas sobre la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), que fue multada por 40 millones de pesos.

“Si esta cifra se multiplica por 12 se lleva por delante todo el plan de inversiones de la EPE previsto para este año”, aseguró Ciancio a El Litoral, durante el acto de inauguración de las obras en el aeropuerto Malvinas Argentinas, de Rosario. En el gobierno, no tienen en claro si las sanciones continuarán durante el año.

El funcionario explicó que Cammesa “lo plantea como una quita de subsidio pero en realidad es una multa. Esto atenta contra la posibilidad de la EPE porque es evidente que una empresa necesita recursos, si no se ve rezagada en sus posibilidades de funcionamiento”.

Ciancio consideró que con esta medida, el gobierno nacional “avanzó sobre la independencia de la provincia. Es un acto desmedido que no tiene otro objeto que seguir sosteniendo que acá no pasa nada, que no hay inflación y que los costos no suben. Son argumentos muy débiles”.

“Santa Fe va a llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, adelantó Ciancio a este diario. El ministro dijo que las disposiciones de Cammesa “esterilizan” las inversiones que tiene planeada la empresa para las conexiones domiciliarias, donde según el funcionario “se producen gran parte de los desperfectos que provocan los cortes de energía”.

La sanción contra la EPE se concretó luego de que en enero pasado el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, asegurara que las distribuidoras de energía provinciales que aumentaran sus tarifas verían reducido, en la misma proporción, el subsidio que reciben del Estado nacional. Hasta la semana pasada, el anuncio de De Vido había quedado reducido a una amenaza. Sin embargo, la advertencia se corporizó en dos resoluciones que recibió el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, que disponen de una sanción contra la EPE por unos 36 millones de pesos por haber incrementado la tarifa a fines del año pasado.

Advertencia

Durante enero, el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, le envió una nota a Cammesa, referida al suministro de información por parte de las empresas distribuidoras, sobre “distintos conceptos asociados al funcionamiento de los servicios de distribución de energía, como así también de cualquier cambio que se produzca en los cuadros tarifarios que son aplicables a sus usuarios”. Habilitó a Cammesa a que, en caso de constatar incumplimiento en la remisión de los datos o que, pese a informar los cambios tarifarios, éstos “no respetasen las premisas establecidas en la nota Nº 8.572/2011, deberá facturar (...) un “cargo adicional por Incumplimiento” provisorio, equivalente al incremento promedio aritmético, en porcentaje, de la modificación de las tarifas”.

La nota Nº 8.572 de noviembre del año pasado decía que todo aumento de tarifa a los usuarios finales de las empresas distribuidoras, “respecto de los valores correspondientes a noviembre de 2011, se considere que forma parte del costo mayorista de compra del distribuidor”. En otras palabras, el Estado le exigió a la empresa mayorista descontarle del subsidio exactamente el mismo porcentaje de aumento tarifario.

A mediados de noviembre, el gobierno provincial anunció el “ajuste tarifario”: una parte comenzó a regir el 1º de diciembre, con un incremento promedio de 13,4 por ciento, y otra parte empezará a sentirse en los próximos días: la suba será del 9,8 por ciento desde marzo. En ambos casos, los incrementos fueron justificados en contundentes aumentos en los costos de la prestación de los servicios.