La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró que fue "defraudada y traicionada" por los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, a quienes acusó de "afanarse todo" en la Fundación que dirige.

Así lo señaló al prestar declaración como testigo ante el juez federal Norberto Oyarbide, en la causa por el desvío de fondos públicos de la Fundación, investigación que tiene a gran cantidad de imputados y detenidos a los Schoklender.

En su testimonio, Bonafini dijo haber dado confianza y un amplio poder de administración a los hermanos Schoklender y que, al enterarse de las maniobras, se vio "defraudada" por ellos. 

Según sostuvo Bonafini, no había reuniones del Consejo de Administración de la Fundación en las que se decidieran acciones como la de construir viviendas en algún punto del país y agregó que en muchas ocasiones los Schoklender le llevaban la documentación y ella firmaba en virtud de la confianza que les tenía.

No obstante, aclaró que ella no avaló uno de los contratos más grandes por la construcción de viviendas con la empresa Meldorek, sino que le falsificaron su firma, tal como concluyeron luego dos pericias ordenadas por el juez Oyarbide.

En la audiencia, de la cual participaron la Fiscalía, los abogados defensores de los hermanos Schoklender, y por tramos el juez Oyarbide, una de las defensas le preguntó por las funciones que llevaba a cabo su hija, María Alejandra, quien cuenta con "falta de mérito" en la causa luego de que fuera acusada de utilizar dinero de la entidad para comprar inmuebles.

En respuesta, Bonafini sostuvo que su hija "no tiene nada que ver", que los hermanos Schoklender "la quisieron ensuciar" y que "nunca lo quiso a Sergio Schoklender, nunca hablaba con él", según precisó mediante un comunicado emitido luego de su declaración ante Oyarbide.

Ante preguntas del juez, Bonafini contó que conoció a Sergio Schoklender en la cárcel, cuando él cumplía condena por el homicidio de sus padres, y a raíz que éste le manifestara su acompañamiento al cumplirse los aniversarios del golpe de Estado de 1976.

A partir de entonces comenzó a tener una intensa relación con él -incluso Bonafini contó que el hijo de Schoklender la llamaba "abuela"- y años más tarde empezó a trabajar en la Fundación. 

En el comunicado que emitió luego de su declaración, Bonafini brindó precisiones sobre las respuestas que le dio al juez Oyarbide y señaló que "Sergio comandaba todo, él armó la Fundación, armaba las reuniones, hacía las actas y tramitaba las cuentas en los bancos".

"Ante la pregunta sobre si el Gobierno pagaba las obras que hacíamos respondí que sí. Además declaré que cuando estalló esta situación, las Madres supimos que tanto Sergio como Pablo se quedaban con la plata y no pagaban ni a los trabajadores, ni las ART, no compraban las puertas, ventanas ni la indumentaria para que los obreros tuvieran la seguridad necesaria", agregó.

Bonafini también dejó constancia ante el magistrado que la asociación que preside está "pagando una deuda enorme que no contrajo" y que "las riquezas la tienen ellos (los Schoklender) y así es como se pasean con autos, motos, yates, aviones y poseen casas en barrios cerrados".

"Las Madres estamos todas muy dolidas por todo esto. Es más, dos Madres murieron por no soportarlo: nunca entendieron esta traición y el robo semejante que nos hicieron", afirmó la titular de Madres de Plaza de Mayo.

Al prestar declaración por primera vez en la causa, Bonafini aseguró que se enteró de la defraudación después de iniciada la investigación, allá por mayo de 2011.

Bonafini no está imputada en la causa y su declaración como tal era uno de los pedidos de los hermanos Schoklender, quienes la acusaron de ser ella quien tomaba las decisiones en la Fundación y tenía a su cargo la administración.

Para los próximos días, el juez Oyarbide tiene previsto tomar declaración testimonial a otras integrantes de Madres, y en abril indagar -entre otros- a la ex ministra de Economía y empleada de la Fundación Felisa Miceli.

Los hermanos Schoklender y el contador Alejandro Gotkin están detenidos, acusados de asociación ilícita y administración fraudulenta, a raíz que desviaron hacia otros destinos los fondos que recibía la Fundación y los cuales estaban destinados a construir viviendas sociales.