María Lourdes Afiuni ingresó a la prisión en diciembre de 2009 después de que el propio presidente venezolano denunciara una irregularidad en la sentencia por la cual concedió la libertad condicional al empresario y banquero Eligio Cedeño, quien se encontraba en detención preventiva desde 2007, acusado de estafa.

Ahora, el tribunal venezolano decidió extender la preventiva de la imputada, mientras finaliza el juicio en su contra por presunta corrupción. "Nos presentamos a solicitar la libertad de nuestra defendida por decaimiento de la medida de privación de libertad (...) y nos encontramos con la sorpresa de que (el juez, Alí) Paredes decidió extender el lapso a dos años más", explicó a la prensa local Thelma Fernández, abogada de Afiuni.

La medida responde a una petición de la Fiscalía, que la semana pasada pidió prorrogar por otros dos años la detención preventiva de Afiuni porque el juicio contra la magistrada no ha podido concluir.

Según fuentes oficiales, el retraso se debe a que la misma jueza se niega desde abril a presentarse ante Paredes, a quien acusa de estar "parcializado" y bajo instrucción del Gobierno. Para la abogada de Afiuni, el juez violentó con su decisión "el derecho a la defensa" de la magistrada y "también el derecho a la igualdad de las partes", porque, señala, la defensa no pudo oponerse a los argumentos presentados por la Fiscalía al pedir prorrogar la detención preventiva. Fernández también dijo que la decisión de Paredes constituye una "situación inédita e ilegal".

Afiuni ha denunciado que su caso está viciado, pues. tras su arresto, en diciembre de 2009, el presidente venezolano Hugo Chávez pidió para ella la "pena máxima" de 30 años de cárcel fijada en la ley. La jueza, que estuvo recluida más de un año en un centro penitenciario, está desde febrero bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud.

Afiuni (46 años) fue formalmente acusada en enero de 2010 de corrupción, abuso de autoridad y de favorecer la evasión del banquero Eligio Cedeño, detenido desde 2007 por supuesto fraude y que huyó tras obtener libertad condicional.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos, incluida la relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, pidieron la liberación de Afiuni por considerar que el juicio es arbitrario.