El abogado patrocinante de los familiares, Daniel Pedrotti, quien a la luz de los nuevos acontecimientos alertó que las pericias del caso ya alertaban la presencia de condiciones "precarias" de trabajo.
El accidente se había producido el 2 de agosto de 2007 y tuvo un saldo de 4 muertos, 3 de los cuáles eran familiares. Por este hecho fueron imputadas 4 personas: un empleado, dos integrantes del Directorio y la responsable de Higiene y Seguridad. Con el tiempo, se dictaría la falta de mérito sobre el primero, quedando procesados los tres restantes: Vicente Foti, Graciela Foti y Silvia Riva. Uno de ellos, ya falleció. Se trata de Vicente Foti, quien perdió la vida en 2010. Los procesamientos fueron apelados y quedaron en firme en 2011.
De todas maneras, Pedrotti explicó que para la Justicia, "aún no hay una explicación certera" de lo ocurrió. Existen, gracias a las pericias de Gendarmería y a los asesoramientos propios, "causas probables" del episodio. Pero que no llegan a ser concluyentes.
Se manejan tres hipótesis: una descarga producida por el uso de celular; una descarga producida por el uso de prendas de nylon; o el mal funcionamiento de una prensa con la que se comprime la pólvora. Más allá de esto, Pedrotti consideró que en este tipo de situaciones generalmente son consecuencia de una "suma de circunstancias", pero descartó que en ninguno de los casos se trató de una responsabilidad de los empleados.
"Los mismos representantes de la firma reconocieron que ellos proveían al personal de teléfonos celulares para la comunicación entre distintas partes de la planta. También admitieron que nunca se les entregó un uniforme de trabajo ni se les aconsejó sobre el tipo de ropa a utilizar. Nada de esto no estaba prohibido", señaló.
Pedrotti habló de "condiciones de trabajo con una precaridad notable" y mencionó que en su momento se detectó la presencia de residuos de materiales acumulados en distintos lugares de la planta, como así también que una de las personas que falleció llevaba puesta una campera inflable.
Por lo pronto, la causa penal fue girada en octubre al Juzgado de San Cristóbal a la espera de una sentencia. En la parte civil, aún existe una pericia de higiene y seguridad pendiente de presentación, que fue solicitada por la parte demandante a un asesor técnico de Rosario, con el objetivo de aportar un elemento más para el definitivo esclarecimiento de lo sucedido.