Parece una historia extraída de una película de estafadores. En sus escenas, incluye a abogados de Buenos Aires desplazándose en Mercedes Benz brillantes por las calles polvorientas de las colonias sojeras santafesinas, reuniones en la Casa Rosada con amigos poderosos, una misteriosa compañía naviera con partida de nacimiento en Uruguay, miles de toneladas de granos que se evaporaron en el aire y una lluvia de cheques sin fondos por más de 30 millones de pesos, que dejó secos a cientos de productores y transportistas agrícolas cordobeses.

   La primera escena tuvo lugar en Colonia Castelar, un pueblito santafesino con menos de mil habitantes que yace tranquilo 30 kilómetros al sur de la ciudad cordobesa de San Francisco. Allí funciona, desde hace más de un siglo, Vignolo Hermanos SA, una de las más importantes acopiadoras de cereal de la región y que tiene como principal clientela a productores de soja, trigo y maíz del este cordobés.

   Llueven los cheques. En agosto del año pasado, los productores de la región fueron sorprendidos por un fenómeno meteorológico desconocido: un aguacero de cheques sin fondos emitidos por la empresa familiar de Colonia Castelar. Ninguno lo podía creer. Los Vignolo son una institución en toda la región y era tanta la confianza que les tenían que no eran pocos los productores que, en pleno siglo 21, les entregaban cosechas por valor de millones de pesos y las mantenían en sus silos, sin otro comprobante que la palabra.

   Los cheques rebotados correspondían a las miles de toneladas de granos que los productores tenían depositadas en los silos de la empresa Vignolo Hermanos, de las localidades de La Francia, Freyre, Colonia Castelar, Colonia Prosperidad y Las Petacas.

   En la mayoría de los casos, los cereales fueron vendidos sin esperar el permiso de los productores. De los millones producidos por las ventas, los dueños de los granos no han visto un peso hasta hoy.

   ¿Qué había pasado? La empresa familiar, nacida de un almacén de ramos generales, arrastraba deudas desde 2002. Había superado un sacudón en 2009, pero llegó a 2011 con dos de las tres ramas del grupo familiar decididas a buscar un nuevo socio o venderlo todo.

   En ese preciso momento, se registra la aparición de los personajes misteriosos de la película.

   El 9 de junio del año pasado, según dio fe la escribana Clelia Bruno, de la ciudad de San Francisco, los ocho dueños de la empresa, todos de apellido Vignolo, vendieron por ocho millones y medio de dólares la totalidad de la compañía.

   La compradora era Colonsay Trade SA, con domicilio en la avenida Córdoba 966, de la ciudad de Buenos Aires. La firma fue representada por el abogado Alejandro José Cortelezzi, Analía Noelia Agüero, Víctor Luis Méndez y Juan Ramón Gamarra.

   A ellos se sumaron, como miembros del nuevo directorio, Ricardo Alberto Visino y Roberto Enrique Martínez.

   En la Casa Rosada. Según pudo reconstruir este diario en conversaciones con tres miembros de la familia Vignolo, esa operación se concretó luego de que tres de los familiares viajaran a Buenos Aires y mantuvieran una reu­nión en la Casa de la Provincia de Santa Cruz y luego otra en la Casa Rosada.

   Se reunieron con uno de los compradores que figura en el contrato de transferencia de acciones, Méndez, y con Visino, una persona que tenía domicilio en Manzanares 1831, de la Capital Federal, el mismo que había dado otra de las compradoras, Analía Agüero.

   Méndez y Visino serían luego integrantes del primer directorio de la nueva sociedad. Pero ni Visino ni Méndez aparecen en los listados públicos de funcionarios nacionales ni se les conoce un trabajo que pueda justificar su rol de anfitriones en un despacho de la Casa de Gobierno.

   Según los Vignolo, los compradores afirmaban que eran amigos del secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, y que su empresa tenía otorgado un Crédito del Bicentenario, otorgado por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.

   Las referencias a esos poderosos contactos nacionales fueron numerosas de parte de los compradores mencionados. Al grupo, se sumó un séptimo integrante, José Guillermo Caporale, quien llegó a asistir a una cena con productores en la localidad de La Francia, en la que también se mostraron como grandes empresarios.

   Cuando los cheques rebotaban como granizo sobre la Pampa Gringa, comenzó a resquebrajarse la imagen de los compradores.

   Uno de ellos, Méndez, según los registros de la Afip, no es un poderoso capitalista, sino propietario de una regalería y, según averiguaciones de este diario, estuvo procesado en la causa judicial conocida como “la mafia de los medicamentos”.

   ¿Quién fue su abogado en ese caso? Otro de los compradores de la acopiadora santafesina, Alejandro Cortelezzi, cuyo estudio tiene el mismo domicilio que la empresa compradora: Córdoba 966. Un tercero de los compradores, Gamarra, según informes crediticios, sería mecánico de autos y motocicletas en la ciudad bonaerense de Ezeiza.

   Lo peor de todo fue que la empresa compradora no aparece en ningún registro de comercio. Colonsay Trade no registra actividad en la página del Banco Central y ante Afip aparece inscripta como operadora en la especialidad de “pesca marítima, costera y de altura de peces, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos”. Poco y nada que ver con la actividad cerealera.

   Su origen uruguayo, además, sembró dudas sobre si no se trata, en realidad, de una firma fantasma, que existe sólo en una carpeta.

   Desde el Ministerio de Industria de la Nación, aseguraron a este diario que ni Colonsay Trade ni Vignolo Hermanos fueron beneficiarios de créditos del Bicentenario.

   A su vez, desde la Secretaría de Comercio Interior que conduce Guillermo Moreno, no respondieron la consulta sobre si el funcionario tiene vinculación con alguno de los integrantes de Colonsay Trade.

   Es tarea complicada ubicar a alguna de las siete personas involucradas en esta misteriosa operación.

   Cambiaron los números telefónicos y nadie conoce sus actuales domicilios. Sólo se sabe que llegaron, compraron la empresa, vendieron todo el cereal acumulado, cobraron y desaparecieron, dejando a un batallón de productores con sus billeteras heridas. Hoy son invisibles. Germán Vignolo, el miembro de la familia que más los conocía, murió el año pasado debido a una enfermedad.

   Denuncias y sospechas. A los productores que tenían dudas frente a la irrupción de los compradores de Buenos Aires, les surgieron otras cuando se enteraron de que la familia Vignolo recuperó la firma que había vendido. El 18 de octubre del año pasado, Helmer Vignolo, algo así como el patriarca del grupo familiar, envió una carta documento a Colonsay Trade dando por caído el contrato de compraventa, debido a 11 incumplimientos en los que habrían incurrido los compradores.

   Aunque varios productores consultados por este diario siguen confiando en que Vignolo Hermanos les pagará la deuda, otros creen que se trató de una venta fraguada para lavar el pasivo de la empresa.

   Según el contrato, el rojo ascendía a ocho millones y medio de dólares, la misma cifra por la cual se vendió la firma.

   En los Tribunales de San Francisco, ya se presentó la primera denuncia penal por estafa. Los abogados Ricardo Martínez, Guillermo Biazzi y Clara Ordóñez, en representación de uno de los productores, oriundo de Colonia San Bartolomé, hicieron la presentación a fin del año pasado, por la comisión de una supuesta estafa por parte de Vignolo Hermanos SA.

   “En esa supuesta operación de venta hubo fallas muy groseras”, comentó Martínez. “La integración de la nueva sociedad ni siquiera se inscribió en el Registro de Comercio, pese a que se trató de una operación por más de ocho millones de dólares, con transferencia del ciento por ciento del paquete accionario. Yo trabajo con empresas y sé que ese tipo de operaciones lleva muchos meses, años de verificaciones previas”.

   Helmer Vignolo calcula que la deuda total de su empresa “está entre 25 y 30 millones de pesos”. Pero tiene dudas sobre si los efímeros dueños de la firma no libraron más cheques por cifras millonarias.

   En la zona afectada, los más asustados hablan de que el hueco económico podría llegar a los 80 millones. La cifra real se conocerá el mes próximo, ya que el 27 de este mes el síndico santafesino Néstor Abud cerrará la verificación de deudas para el pedido de convocatoria de acreedores.

   Hasta que llegue ese día, muchos estarán temblando. Y después, como en algunas buenas películas, seguirán quedando varias incógnitas. Entre ellas, ¿quiénes fueron y para quiénes trabajaron los misteriosos siete personajes con acceso a la Casa Rosada, que participaron de una operación por ocho millones y medio de dólares y se desvanecieron sin dejar pistas?

En la Casa de Gobierno

   Miembros de la familia Vignolo contaron que una de las reuniones con los compradores se realizó en la Casa Rosada y otra en la Casa de Santa Cruz. Dijeron ser amigos del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien no contestó.

Fuente: lavoz.com