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NACIONALES

18 de febrero de 2012

Por el polémico espionaje, el titular de Gendarmería quedó en la cuerda floja

La ministra Garré ordenó una investigación sobre el "Proyecto X", cuestionado por una posible vinculación al espionaje ilegal. Héctor Schenone habría reconocido ante la Justicia la existencia de ese esquema de inteligencia sobre líderes sociales.

En medio de una creciente polémica, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, ordenó una auditoría interna sobre el llamado "Proyecto X" de la Gendarmería Nacional y advirtió que será "inflexible" si se comprueba que esa fuerza realizó tareas de espionaje ilegal.

"No admitimos espionaje y si llegara a haber seremos inflexibles, pero tampoco tomamos decisiones sin reflexión", señaló Garré a través de su cuenta en la red social Twitter, en el marco de un intercambio con otros usuarios que le hicieron preguntas al respecto.

El pronunciamiento de Garré, por primera vez desde que la denuncias fuera presentada en noviembre, pusieron en la mira al titular de la Gendarmería, Héctor Schenone, quien habría reconocido ante la Justicia la existencia de ese esquema de inteligencia sobre líderes de distintas protestas sociales. Por tal motivo, la abogada querellante y dirigente política Myriam Bregman, consideró que la ministra de Seguridad, realizó "una maniobra para zafar" de acusaciones porque no podía desconocer las imputaciones contra la Gendarmería.

El llamado "Proyecto X" consistiría en la infiltración de efectivos de Gendarmería en las protestas sociales para recabar información de sus cabecillas y almacenarla en una base de datos. "Antes de aventurar conjeturas, ordené una auditoría del Proyecto X, que es en realidad un software, para evaluar qué contiene", precisó Garré.

Esta declaración de la ministra llegó luego de que la oposición pidiera su citación en las dos cámaras del Congreso para que brinde explicaciones sobre el tema. Además, la titular de la cartera de Seguridad señaló mediante un comunicado que el Gobierno avanza en la "no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial".

Su aclaración tiene que ver con los hechos atribuidos a la Gendarmería pero también a las críticas que surgieron luego del desalojo violento de una protesta de ex soldados en la 9 de Julio que impedían el tránsito. "El Gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad. Desde la gestión del presidente Néstor Kirchner es la administración que con más firmeza condujo su acción contra la impunidad, la no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial", sostuvo Garré.

Por su parte, el senador oficialista Aníbal Fenández sostuvo que "lo que hace la Gendarmería no es un trabajo de inteligencia, sino un trabajo inteligente", y aseguró que "no existe" el llamado "Proyecto X". El funcionario dijo que el Gobierno instruye al personal de Gendarmería para "que se acerque para morigerar el conflicto" en los casos de protestas sociales.

"El uniformado va, habla con los manifestantes y trata de encontrar una salida para resolverlo", indicó Fernández y agregó: "Qué plan X ni qué ocho cuartos". 

A su turno, el diputado de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella defendió a Garré ante el avance de la oposición para interpelarla en el Congreso y afirmó que "pedirle a la ministra que dé testimonio de su compromiso con la Democracia y los derechos humanos es ridículo".

Sabbatella confió en que el Gobierno "analizará seriamente lo ocurrido en esa fuerza y, si hubo investigaciones o bases de datos ilegales, será inflexible con los responsables". "La posibilidad de manifestarse en libertad, de disentir, cuestionar o reclamar por parte de cualquier persona está más garantizada que nunca en este país. Es el Gobierno nacional el que promueve y asegura que se puedan ejercer esos derechos democráticos", señaló el diputado.

La denuncia contra Gendarmería fue presentada en noviembre por la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Myriam Bregman, junto a organizaciones sociales y de derechos humanos. No obstante, la denuncia cobró mayor estado público luego de que el último miércoles un programa televisivo periodístico difundiera que el jefe de Gendarmería habría admitido ante la Justicia la puesta en marcha de esta operación. 

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