“Respetamos la objeción de conciencia, pero no todos los integrantes de un servicio pueden ser objetores. O incorporamos médicos que no estén inscriptos en el registro de objetores o realizaremos traslados a otros hospitales con el acuerdo de los actores”.

Con esas palabras, la intendenta de Rosario Mónica Fein opinó en La Capital sobre la situación planteada en torno al servicio de Ginecología del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca) de esa ciudad, cuyo director Rafael Pineda (ver Opinión) y médicos del plantel se han manifestado como objetores de conciencia y se niegan a realizar prácticas abortivas que están permitidas por el Código Penal.
Lo contrario sucede en los hospitales Iturraspe y Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde no se han registrado objetores, según lo informado por sus directores, por la directora provincial por la Salud en la Niñez, Adolescencia y Sexual y Reproductiva, doctora Nora Redondo, y por el doctor Daniel Teppaz, coordinador de la misma dirección.

“Lo llamativo es que hay muchos menos objetores en la ciudad de Santa Fe que en la ciudad de Rosario. Y quienes se han manifestado en contra de realizar diversas intervenciones en pro de salvaguardar la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres en toda la provincia, lo han hecho técnica y legalmente mal. Concretamente, el 50,8 por ciento de ellos en vez de excusarse por razones ideológicas o religiosas, como indican las resoluciones formales, lo ha hecho por «razones personales», con lo cual la determinación no tiene validez para ser incluida en el registro”, explicó Redondo.

“Por ello –agregó la funcionaria– deberemos otra vez visitar servicio por servicio, explicar el sentido de esta medida y que la forma para excusarse debe ser revisada y manifestada de otra manera”.

“Acuerdos corporativos”
Teppaz, por su parte, precisó que en toda la provincia de Santa Fe el 49,2 por ciento (153) de las manifestaciones de objeción de conciencia son válidas, mientras que el 50,8 por ciento (158) son inválidas porque aducen a cuestiones personales o tienen fallas en los conocimientos científicos, o argumentos de los que se deduce desconocimiento de la normativa legal.

“Esto las convierte en invalidadas y, por lo tanto, no podemos aceptarlas como tales hasta tanto se aclare la situación. Si ellos no arguyen profundas convicciones religiosas, morales o éticas para excusarse de estas prácticas, y estos argumentos no son particulares y, por el contrario, dejan dudas de acuerdos corporativos, se podría interpretar que pretenden desbaratar una política pública, constituyendo un caso de desobediencia civil”, enfatizó Teppaz.

Finalmente, indicó que en los dos hospitales de la ciudad en donde hay objetores de conciencia es en el Alassia (un caso) y en el Protomédico (siete casos).

Derecho
Según se explica en la página web del Gobierno de la provincia, “la objeción de conciencia es un derecho de todos/as los/as trabajadores/as de la salud a no ser obligado/ a realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas muy profundas del individuo. Objetar una práctica, significa negarse a hacerla. Se consideran como motivos de conciencia aquellos que atentan contra los principios antes mencionados. Los/as trabajadores/as de la salud que hacen objeción de conciencia sobre cierta práctica (indicación de algún tratamiento, realización de determinada práctica), manifiestan su negativa a hacerla, a partir de determinada convicción. A su vez, esto permite reorganizar los servicios de salud, para asegurar que se garantice el derecho a la salud de los y las ciudadanas”.