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MARIA JUANA

PROVINCIALES

30 de marzo de 2012

Juicio Político analiza una presentación contra Ciancio

Elevarán una nota emplazando al ministro y al titular de Assa a que respondan el requerimiento de la Comisión. La denuncia fue realizada por un vecino de la ciudad de Santa Fe por la tarifa del agua potable.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados analiza una presentación realizada por Roberto Angel Prieu, vecino de esta capital, quien solicitó someter a juicio político al gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, y al ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, como derivación del último aumento de tarifas autorizado a Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa).

La comisión -sin la presencia de miembros del Frente Progresista- realizó dos reuniones por el tema. Durante la última sesión de la Cámara, el vicepresidente, Pablo Di Bert, expresó el malestar de los miembros para con el presidente del directorio de Assa, Alberto Daniele, quien no respondió un cuestionario que le fuera elevado oportunamente y ante esta situación le será reiterada la solicitud -con carácter de intimación- a que sea respondida en diez días hábiles. También resolvió enviar una nota al ministro Ciancio.

Prieu entiende que hubo incumplimiento en los deberes de funcionario público por lo actuado durante el último aumento tarifario dispuesto por Assa sin acatar lo sugerido por Enress.

La disputa por lugares en las comisiones entre la mayoría justicialista y la minoría del Frente Progresista no fue saldada y todavía el oficialismo provincial no ocupó todos los lugares que le corresponden en las comisiones. En el caso de Juicio Político, los representantes del PJ en sus distintas versiones, resolvieron declarar admisible el planteo y empezaron a tramitar el expediente antes de resolver si lo envían al archivo o aconsejan abrir la instancia de juicio político lo que parece improbable.

No obstante, molestó a los diputados que los funcionarios no haya respondido la nota ni siquiera hayan optado por pedir alguna prórroga.

La nota que no obtuvo respuesta y se reenvía en estas horas, solicita información sobre la cantidad de medidores de consumo de agua potable que se encuentran instalados en las localidades en que se presta servicio Assa; que indique cronológicamente, la cantidad de medidores de consumo de agua que se han instalado cada año calendario desde la privatización de la empresa prestataria; que diferencie cuántos medidores de consumo de agua potable se encontraban instalados hasta el momento de la privatización; que indique la totalidad de usuarios del servicio y a cuántos se aplica el sistema de tarifa plana para facturar los consumos; que explique detalladamente las tarifas existentes en la actualidad del servicio de agua y la evolución desde la privatización; que informe si existen aumentos proyectados para el futuro, y que individualice y acompañe copia del acto administrativo por el cual el gobernador , en nombre del Poder Ejecutivo, avaló la resolución ministerial del área de Servicios Públicos, en contraposición a las declaraciones del presidente del Enress, relacionadas con los últimos aumentos tarifarios.

Medición obligatoria para grandes consumidores

El diputado Julián Galdeano (UCR) presentó un proyecto solicitando la exigencia de medición del consumo de agua potable en emprendimientos industriales, comerciales, habitacionales, de servicios o de esparcimiento que utilicen grandes cantidades. 

“El objetivo de la iniciativa es proteger los recursos naturales, promoviendo un correcto uso y evitando los abusos en el consumo de un elemento escaso y costoso, como el agua; ejercer la defensa del ambiente, la salud y la vida de los ciudadanos en el presente y para el futuro, tal como establece nuestra Constitución”, explicó Galdeano.

La medida alcanzaría a lavaderos industriales, lavaderos de autos, envasadoras de soda, restaurantes, confiterías y edificios con piscina, entre otros. Previo a la habilitación municipal o comunal, los usuarios deberán tener aprobadas las obras y recaudos técnicos para la micromedición del servicio por parte del prestador. Asimismo, aquellos grandes consumidores que actualmente estén en pleno funcionamiento de sus actividades y no cuenten con el sistema de medición, tendrán seis meses para cumplimentar el requisito. “En aquellos casos en que la medida resulte antieconómica, siempre se podrá recurrir a las perforaciones, una opción no onerosa que permite hacer un uso racional y responsable del agua potable”, señaló el diputado radical.

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