Los ministros de Seguridad, Raúl Lamberto, y de Gobierno y Reforma de Estado, Rubén Galassi, acompañados por el secretario de Seguridad, Matías Drivet,  encabezaron esta mañana en Rosario el acto de entrega de aportes económicos a 42 municipios y comunas de la provincia correspondiente al Plan de Apoyo e Inversión en Videovigilancia, con una inversión de 5.190.000 pesos.

La actividad, que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la sede de Gobierno, contó con la presencia del senador del departamento Rosario, Miguel Lifschitz, y el secretario de Municipios y Comunas, Horacio Ghirardi, entre otras autoridades.

"Estamos cumpliendo con esta entrega de aportes para la instalación de cámaras de videovigilancia, que en su primera etapa incluye a 150 localidades, todos puntos estratégicos para nuestra política de seguridad, y que tiene como objetivo final instalar equipos similares en todas las localidades del territorio santafesino", señaló Lamberto. En este sentido, el ministro de Seguridad dijo que "hay localidades que aún no nos enviaron sus proyectos y nos interesa que lo hagan porque este plan es integral".

Lamberto expresó que "las cámaras de videovigilancia son una ayuda importante en el tema seguridad" y añadió que "hoy es un elemento probatorio fundamental en la investigación de un delito".

El ministro destacó que "la ley provincial de emergencia económica aprobada por la Legislatura santafesina nos permitirá que este sistema de videovigilancia llegue a todos los rincones de la provincia".

TERCERA ENTREGA

Esta fue la tercera entrega de aportes para el sistema de videovigilancia. En tanto que los días 18 y 19 de noviembre del año pasado se realizó la segunda de las entregas a 25 localidades, que recibieron un total de 3.852.100 pesos.

Antes, los días 30 de septiembre y 1º de octubre pasados, el gobierno entregó un total de 4.259.491 pesos, distribuidos en 23 localidades de todo el territorio provincial.

De esta manera, ya son 90 los municipios y comunas que reciben fondos para la realización de proyectos locales de videovigilancia.

El total de localidades que abarcará el plan es de 136 (47 ciudades y 89 comunas), con un monto global de inversión estimado de 19.840.000 pesos.

LOCALIDADES QUE RECIBIRIERON APORTES

- Departamento San Jerónimo: Coronda ($150.000), López ($120.000), Maciel ($120.000) y Barrancas ($120.000).

- Departamento San Cristóbal: Ceres ($150.000), Arrufó ($120.000), San Guillermo ($120.000), Villa Trinidad ($120.000) y Moisés Ville ($120.000).

- Departamento San Martín: El Trébol ($150.000) y Crispi ($120.000).

- Departamento La Capital: San José Del Rincón ($150.000) y Monte
Vera ($120.000).

- Departamento Castellanos: Frontera ($150.000), Eusebia ($120.000), Humberto Primero ($120.000) y Josefina ($120.000).

- Departamento Garay: Cayastá ($120.000).

- Departamento Constitución: Alcorta ($120.000), Empalme Villa Constitución ($120.000), Sargento Cabral ($120.000) y Cañada Rica ($120.000).

- Departamento General López: Amenábar ($120.000), María Teresa ($120.000), Murphy ($120.000) y Santa  Isabel ($120.000).

- Departamento Caseros: Arequito ($120.000), Bigand ($120.000), Beravebú ($120.000), Los Molinos ($120.000) y Sanford ($120.000).

- Departamento Rosario: Arminda ($120.000), Ibarlucea ($120.000), Piñero ($120.000), Soldini ($120.000) y Alvear ($120.000).

- Departamento Iriondo: Pueblo Andino ($120.000), Serodino ($120.000) y Correa ($120.000).

- Departamento San Lorenzo: Pujato ($120.000).

- Departamento Garay: Santa Rosa De Calchines ($120.000).

- Departamento San Justo: Gobernador Crespo ($120.000).

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

El Ministerio de Seguridad brindará asistencia técnica y establecerá parámetros mínimos respecto del tipo de instalaciones y equipamientos que podrán ser financiados, con el objetivo de compatibilizarlo con el sistema provincial. La iniciativa exceptúa las ciudades de Rosario, Santa Fe y San Lorenzo, cubiertas por el sistema provincial; y Rafaela y Venado Tuerto que ya fueron asistidas en la colocación de cámaras.

En julio del año pasado, el gobierno presentó esta iniciativa dirigida originariamente a 60 localidades -46 ciudades y 14 comunas situadas en áreas fronterizas por donde atraviesan caminos o rutas interprovinciales-, y cuyas acciones de apoyo e inversión se enmarcan en la ley Nº 13.297 de Emergencia en Materia de Seguridad, que autoriza al Poder Ejecutivo a adquirir un sistema de circuito cerrado de monitoreo para su instalación en áreas críticas o que evidencien una notoria densidad de actividad comercial, financiera, recreativa, etc.; debiéndose prever puntualmente en los ingresos y egresos masivos de tránsito vehicular en las grandes urbes.

En primera instancia, se estimó en 10.500.000 pesos el monto total de inversión para los proyectos. Finalmente, se amplió la cifra a 11.200.000 pesos y, debido a la repercusión favorable que ha tenido aquella primera convocatoria, se extendió a 72 comunas adicionales, elegidas en razón de su ubicación sobre caminos o en regiones cuyo adecuado control resultan de alta significación para la seguridad de los habitantes del territorio provincial. Esta nueva asignación se ha previsto en 8.640.000 pesos.

La distribución de los aportes económicos que el gobierno destinará a los municipios y comunas se realizará de acuerdo a las características y necesidades de cada localidad, por lo que los importes no serán fijos.

El plan de apoyo e inversión en videovigilancia apunta a la constitución de espacios públicos más seguros, favoreciendo la utilización de herramientas tecnológicas que permitan la prevención y el combate de las acciones delictivas. Para ello se coordinarán esfuerzos y recursos con los gobiernos locales que hayan invertido, o planeen hacerlo, para la conformación de sistemas de videovigilancia a ser utilizados en espacios públicos y de alta circulación de personas, mercancías y vehículos.

Además, se establecerán estándares tecnológicos mínimos compartidos que permitan el máximo aprovechamiento de los registros realizados; se brindará asesoramiento técnico profesional a aquellas localidades que así lo requieran y se identificarán objetivos críticos (áreas de frontera, rutas interprovinciales, accesos a grandes áreas urbanas, puntos de concentración de tráfico de mercancías, etc.) cuya cobertura es prioritaria para una región o para todo el territorio provincial y cuya responsabilidad de control excede a la autoridad local.