El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) sancionó con multas por 6,5 millones de pesos a la concesionaria Litoral Gas, a la que encontró responsable de trece "faltas graves" en el expediente abierto tras la explosión ocurrida en Rosario el 6 de agosto de 2013, que mató a 22 personas y provocó más de 60 heridos. Los familiares de las víctimas avalaron la decisión del organismo de control y anunciaron que utilizarán esos argumentos en la causa penal que se tramita en la Justicia. Igual advirtieron que objetan la actuación del ente en la fiscalización del accionar de la empresa (ver aparte).

El organismo de control ya había imputado los incumplimientos a la concesionaria en octubre del año pasado. Y ayer aplicó las sanciones económicas derivadas de la investigación administrativa iniciada tras la peor tragedia registrada en la historia de la ciudad.

A través de un comunicado, el organismo estatal señaló que, "luego del extenso análisis probatorio de las actuaciones obrantes en el expediente de la causa, el Enargás penalizó cada una de las faltas atribuidas con la máxima sanción de multa prevista en el marco regulatorio".

El conjunto de las multas aplicadas a la concesionaria del servicio de gas trepa a 6,5 millones de pesos. Además, el ente le impuso a la firma en la resolución sancionatoria "medidas correctivas a realizar de inmediato".

El Enargás también entendió que "los graves incumplimiento de Litoral Gas y sus formulaciones en los descargos pertinentes hacen que se deba extender las investigaciones y auditorías a las demás obligaciones que esa distribuidora debe cumplimentar en la prestación del servicio público y su licencia".

Además de las sanciones administrativas, cinco empleados de la empresa fueron procesados por el delito de estrago culposo agravado en la causa judicial por la tragedia de Salta 2141.

La jueza de Instrucción Irma Patricia Bilotta procesó el 27 de febrero pasado a los once imputados en el caso, entre ellos a la gerente técnica de Litoral Gas, Viviana Leegstra, al jefe de inspectores, Claudio Tonucci, y a tres inspectores identificados como Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba.

Para la magistrada, el desempeño de Litoral Gas fue determinante en el desenlace fatal. Principalmente, por la impericia o negligencia representada en los inspectores y técnicos que constataron las instalaciones once días antes de la explosión.

En la resolución judicial se hizo mención a un aspecto confuso que involucró a la distribuidora. La empresa elevó a la Municipalidad un pedido "urgente" para romper la vereda el 25 de julio, del que luego desistió. Para los investigadores, la compañía detectó fallas graves que, finalmente, no reparó.

La jueza procesó, además, al gasista Carlos García (quien desató la fuga mientras se disponía a cambiar un regulador de la instalación de gas) y a su ayudante Pablo Miño. También a los administradores (Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli) por haber contratado a una persona sin idoneidad técnica.

La explosión del edificio de tres torres de Salta 2141 se produjo el 6 de agosto de 2013, alrededor de las 9.30, por un escape de gas.

Como consecuencia del estallido, que hizo implosionar una de las torres, murieron 22 personas y más de 60 resultaron heridas.

Luego, por razones de seguridad, provincia y municipio acordaron con la Justicia demoler la otras dos torres del complejo habitacional, que habían quedado seriamente dañadas.

Pocos meses atrás se habilitó la circulación vehicular por Salta, entre bulevar Oroño y Balcarce. Los familiares, por su parte, reclamaron que no se vuelva a construir en la zona.