El gobierno chileno confirmó ayer que acatará el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que ordenó a Chile anular las sentencias contra siete comuneros mapuches y una activista, procesados por la ley 18.314 (ley antiterrorista), durante un conflicto por la propiedad de tierras en el sur del país.

Los mapuches condenados por terrorismo en 2003 por un conflicto por la tenencia de tierras son Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Ancalaf Llaupe, Florencio Marileo Saravia, Juan Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán y Juan Ciriaco Millacheo Licán y la activista Patricia Troncoso Robles.

En la sentencia, la Corte condenó a Chile por violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley de las víctimas.

Además, la Cidh advirtió que el Estado chileno violó el derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión y pensamiento, a que la defensa interrogara testigos, a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior y los derechos políticos de los mapuches.

Las víctimas de este caso fueron procesadas bajo la llamada "ley antiterrorista" por hechos ocurridos en el 2001 y 2002 en las regiones de Biobío y la Araucanía.

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, cuestionó la ley 18.314 que está vigente, enfatizando que "en Chile la ley antiterrorista ha sido totalmente inútil desde el punto de vista de lo que se perseguía con ella, aplicar esta ley a veces no es la solución del problema". Sobre la etapa de reparación, Gómez explicó que el proceso y los términos serán discutidos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, reiterando que se cumplirán todos los puntos contemplados en la resolución de la corte internacional.

Contexto. El ministro, sin embargo, evitó referirse a las decisiones de los tribunales adoptadas en relación a los comuneros, argumentando que "las decisiones se toman en un contexto y en un tiempo".

"Hoy, con la distancia, uno podrá tener opinión y no es correcto que después de tanto tiempo diga si fue un error o no", concluyó.

En tanto, el canciller Heraldo Muñoz dijo que el gobierno chileno cumplirá cabalmente el fallo, ya que esa ha sido la tradición cuando cortes internacionales han sancionado al país trasandino.

Por su parte, el ex senador de la ultra derechista Unión Demócrata Independiente, Jovino Novoa, señaló que "lo que hay que hacer es preocuparse de tener un buen ordenamiento jurídico, pero además fundamentalmente de que exista la voluntad política por parte de la autoridad de enfrentar el terrorismo como lo que es, una verdadera amenaza a la democracia y al estado de derecho".

"En la Araucanía también se producen hechos de tipo terrorista; no hay ninguna reivindicación por justa que pueda ser que legitime el uso de la violencia, el incendio de propiedades y los incendios con la muerte de personas, por lo tanto, que se sostenga que no pueda haber ley antiterrorista porque son pueblos originarios los que están actuando es también un error gigante", agregó Novoa.

Chile está en la obligación de rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe en el plazo de un año acerca de las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia.